Ciudad de México a 17 de febrero, 2022. Con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil en diferentes entidades del país, durante los meses de febrero a junio de 2021, en su primera fase y de agosto a diciembre de 2021, en la segunda; 97 estudiantes de 8 campus del Tecnológico de Monterrey, realizaron una evaluación de 28 de programas sociales en 8 estados de la República, encontrando que ningún programa evaluado supra el 50% de los estándares solicitados.
Para la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción es indispensable concientizar a los estudiantes respecto de las causas y los efectos de la corrupción, la opacidad y la impunidad. Es por ello que promueve y apoya la creación de grupos estudiantiles, con el objetivo de que sean los propios jóvenes quienes diseñen e implementen proyectos que busquen fortalecer el sentido de ciudadanía, medir, prevenir y luchar contra la corrupción, así como incentivar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos municipales y estatales.
Ejemplo de ello es la realización de este proyecto en cuyo análisis se utilizó la primera Herramienta de Identificación de Riesgos de Corrupción en Programas Sociales implementados por el gobierno federal, que dimensiona el presupuesto, la operación, padrón, participación ciudadana, fiscalización y evaluación (HIRPROL-Desarrollada por la GESOC y otras instituciones de la sociedad civil).
Utilizando esta metodología, estudiantes del Tec de Monterrey, analizaron 28 programas sociales de 8 estados de la República, donde se identificó en materia de presupuesto, que únicamente el 18% de los programas publican información detallada en cuanto a la dispersión geográfica de los recursos y sólo el 29% de los programas se realizan alineados al presupuesto versus a lo implementado. Aquí se identificó el riesgo de corrupción asociada en desvío de recursos, clientelismo y uso político electoral.
En cuestiones operativas, únicamente en el 50% de los programas analizados, fue posible localizar una convocatoria pública que facilite el acceso a la población a la información de los beneficios de los programas.
Es destacable que, en ninguno de los programas analizados, se cuenta con un comité de vigilancia ciudadana o mecanismo afín. Inclusive, del 79% que cuentan con un mecanismo de quejas y denuncias, sólo el 18% cuentan con elementos que permiten verificar su funcionamiento.
En materia de fiscalización, de los 28 programas analizados, únicamente 4 cuentan con auditorías financieras.
Finalmente, solo el 25% de los programas han estado sujetos a una evaluación de diseño en los términos de referencia (TdR) establecidos por CONEVAL.
Podemos concluir la necesidad de establecer un mecanismo de monitoreo de los programas sociales actuales y emergentes (COVID-19) para prevenir y mitigar riesgos de corrupción ya identificados.
La plataforma es consultable en la siguiente dirección: https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/vigilanciaciudadana en donde se encuentra toda la información relacionada al proyecto.
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