Sin disenso no puede haber democracia. La democracia no florece en el encadenamiento de consensos sucesivos, eso sólo ocurre en las tiranías abyectas que aplastan a quienes difieren; por el contrario, la democracia se define en los disensos. La libertad que supone la vida democrática debe admitir y hasta promover que exista una discusión viva y tolerante, un debate crítico del cual nazcan disensos entre sus miembros. La democracia no es un bloque homogéneo, es una madeja hilada en la discrepancia de los distintos que hay que desenmarañar, dilucidar con la ayuda del debate libre que sólo es posible sin amenazas y sin censura. La salud de la democracia está en la tolerancia al disenso y en la libertad para disentir. 

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Parece increíble que después de atravesar por una larga transición de un sistema autoritario, tengamos que volver a repasar estos conceptos básicos de lo que implica vivir en democracia. Pero es menester repasar de nuevo esos conceptos, pues desde el poder del gobierno estamos recibiendo señales de que los disensos no van a ser tolerados, y que quienes tengan una opinión distinta a la del presidente van a ser perseguidos utilizando los instrumentos e instituciones del Estado. 

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Si hiciéramos un homenaje al ambiente de discusión actual, viciado por las opiniones vertidas en esa bolsa de gatos en que se han convertido las redes sociales, habría que admitir que en el pasado inmediato también hubo embates contra la democracia y que otros gobiernos tuvieron sus propios espasmos autoritarios. No se trata de negarlo ni hacer comparaciones. No intento discutir acerca de los saldos de la historia, sino sobre el presente y el futuro de las libertades en México. 

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Como se sabe, el presidente López Obrador sugirió que el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, incurrió en conflicto de interés. Días después, la secretaria de la Función Pública y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) dieron su versión sobre el supuesto conflicto de interés. Vi con atención los argumentos de ambos funcionarios y revisé también la respuesta que el comisionado García Alcocer dio más tarde. Debo decir con preocupación que no existe un solo elemento en lo presentado por la secretaria de la Función Pública y el titular de la UIF que permita suponer que existe conflicto de interés. El hecho es que no se presentaron pruebas documentales, ni testimoniales, ni de violación a la ley, ni fotos, ni grabaciones de llamadas telefónicas, ni elementos de contabilidad forense, ni de movimientos financieros que sugieran la más remota posibilidad de que hubo alguna falta por parte del comisionado García Alcocer.

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Me preocupa que, más allá de los detalles del caso que pueden consultarse revisando la prensa de días pasados, queda la inquietud acerca de la manera como el gobierno federal ha decidido enfrentar los disensos y a quienes difieren de la opinión del presidente. Este episodio indica que el gobierno federal no va a enfrentar los disensos con argumentos sino con denuncias sin sustento; que las acusaciones que haga el gobierno no van a venir acompañadas con elementos de prueba, sino con la manipulación del lenguaje; que el debate público no será con base en la tolerancia y el respeto a las diferencias, sino con la descalificación ad hominem y la difusión de suposiciones maliciosas. 

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Esta no es una preocupación menor. Si comprobamos que las instituciones anticorrupción del gobierno federal están siendo utilizadas para acallar las opiniones que no agradan, y que se le va a cargar el peso del cuerpo a quienes difieren del presidente, estamos ante una situación potencialmente peligrosa para la democracia y para las libertades de todos. Recordemos que tanto el fiscal general, Alejandro Gertz, como la nueva fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, son personas allegadas al presidente, y que se tiene la intención de cambiar la ley para convertir la corrupción en delito grave, sin derecho a fianza, con lo que tendríamos todos los ingredientes para que el combate a la corrupción se convierta en un pretexto para la represión política. Fácilmente podrían acusar a cualquier persona de corrupción y encarcelarlo sin que existan pruebas que demuestren su culpabilidad. Fácilmente lo podrían hacer con cualquier persona que tenga un disenso con la opinión prevaleciente en el gobierno. Preguntémonos cómo sería la relación del gobierno con los medios de comunicación independientes, con las organizaciones de la sociedad civil, con integrantes de partidos de oposición y con cualquier persona que presentara una opinión distinta a la del presidente en un entorno institucional y legal como el que describo. Le podría pasar a cualquiera de nosotros. Me podría pasar a mí por escribir estas líneas. 

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Considero urgente que sea ahora, antes que ocurra algo más grave, que los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tomen una posición ante lo que parece venir. Por la salud de la democracia mexicana, ojalá lo hagan. El combate a la corrupción no puede ser un instrumento al servicio de la represión política, eso sería precisamente corromper la misión de las instituciones que deberían, paradójicamente, asegurar la transparencia y la integridad.

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Este artículo fue publicado originalmente el 19 de febrero de 2019 en El Financiero, y está disponible en el siguiente enlace: https://elfinanciero.com.mx/opinion/benjamin-hill/disenso-y-combate-a-la-corrupcion